Columbia demanda a Amazon acusándola de prácticas monopólicas
Desde el año pasado venimos cubriendo en Linux Adictos las investigaciones que los gobiernos europeos y estadounidense llevan contra las prácticas de las grandes compañías tecnológicas. Incluso aventuré la opinión de que la fuerte alineación de las mismas en favor de la asunción de Joe Biden y el baneo a Donald Trump les iba a jugar el contra. Los políticos descubrieron el enorme poder que tienen las empresas tecnológicas y ya se sabe que los políticos creen firmemente en que el poder pertenece al pueblo y debe ser manejado por las capaces manos de sus representantes (ellos).
Como para darme la razón, se presentó una demanda por prácticas monopólicas nada menos que en la capital de Estados Unidos. Washington, distrito de Columbia.
El demandante es nada menos que el propio Distrito de Columbia, una corporación municipal facultada para demandar y ser demandada en su condición de gobierno local para el territorio que constituye la sede permanente del gobierno de los Estados Unidos. Su máximo representante legal (quien presenta la demanda) es el Fiscal General.
Columbia demanda a Amazon. La acusación
El escrito describe a Amazon como la plataforma minorista en línea más importante del mundo. Los acusadores estiman que la empresa domina entre el 50 y el 70% del mercado de las ventas minoristas en línea mientras que otros competidores como Ebay o WalMart no superan el 5%. Las visitas anuales al sitio son 2.6 mill millones y un 74% de los consumidores van directamente ahí cuando decidieron comprar un producto. Mientras tanto, un 66% ven a Amazon como el primer lugar para empezar a buscar.
Conducta anticompetitiva
Hasta acá, no habría nada que objetar. Podríamos afirmar que el servicio o los productos son mejores que los de sus competidores, pero, la fiscalía no está de acuerdo.
Al pasar señalan la decisión de Jeff Bezos de aumentar la participación de diferentes mercados hasta dominarlos, sacrificando la rentabilidad a corto plazo. Luego, empiezan a enumerar lo que consideran prácticas anticompetitivas.
.En primer lugar, Amazon opera como un vendedor minorista en línea de sus propios productos de marca privada o productos procedentes al por mayor de otros proveedores o fabricantes. En segundo lugar, Amazon proporciona acceso a su plataforma de ventas minoristas en línea por una tarifa a terceros para que puedan vender sus propios productos a los consumidores. Hay más de dos millones de estos vendedores.que representan aproximadamente el 60% del valor de los productos vendidos en la plataforma.
Amazon ofrece dos planes a los vendedores: un cargo por venta de $0.99 o una tarifa mensual fija de $39.99. Adicionalmente, la plataforma ofrece encargarse de la gestión del envío del producto y del cobro a cambio de un cargo adicional.
La fiscalía sostiene que el algoritmo que selecciona la mejor oferta (que se muestra de manera más destacada en el sitio y son las que más ventas registran) está manipulado para beneficiar a aquellos vendedores que le generan mayores ganancias a Amazon ignorando las ofertas más convenientes al consumidor.
Los precios
Otra cosa que se objeta en la demanda es la obligación que impone a los vendedores de ofrecer precios iguales o menores al del propio sitio web del vendedor o al de otras plataformas. De ahí que sea imposible para los vendedores independientes el trasladar a los consumidores los ahorros conseguidos por precios más bajos en otras plataformas.
Las tarifas
Por si no fuera suficiente, parece que también a los muchachos de Bezos se les va la mano con las tarifas que cobran a los vendedores independientes.
Se estima que incluyendo el servicio opcional del procesamiento de envíos, los vendedores (y en definitiva los consumidores) terminan pagando hasta 45% con una base de un 15%. Ninguno de los dos competidores más importantes son muchisimo menores, aún sumando los servicios de gestión de entrega.
Pedido al tribunal
Lo que solicita la fiscalía al tribunal es lo siguiente:
- Prohibir a Amazon continuar con sus conducatas anticompetitivas.
- Tomar, de ser necesario, las medidas necesarias para lograr el punto anterior.
- Designar a un veedor para garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias.
- Establecer la compensación adecuada al Distrito de Columbia como demandante.
- Reunir un jurado para determinar la culpabilidad del acusado.